Derechos laborables y de seguridad social en materia de violencia de genero

No es imprescindible tener experiencia previa, aunque el curso resulta especialmente útil para personas que trabajan en recursos humanos, igualdad, asesoría laboral, representación legal, servicios sociales, orientación laboral o atención a víctimas.

Se aprende a identificar la violencia de género y sus manifestaciones, conocer la normativa vigente, analizar derechos laborales, comprender prestaciones de Seguridad Social y aplicar medidas de protección desde el ámbito laboral.

El curso aborda aproximación a la violencia de género, ámbitos, tipologías y manifestaciones, diferenciación conceptual, normativa estatal y autonómica, tutela institucional, derechos laborales, prestaciones de Seguridad Social y medidas de negociación colectiva.

Es la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de discriminación, desigualdad y relaciones de poder.

Es una expresión amplia que hace referencia a violencias basadas en estructuras, conductas o prácticas de dominación y desigualdad hacia las mujeres.

Es una denominación amplia que incluye distintas formas de violencia dirigidas contra mujeres por razón de género, en diferentes ámbitos y contextos.

La violencia de género suele tener una definición jurídica concreta en cada marco normativo. Violencia machista y violencia contra las mujeres son conceptos más amplios utilizados en enfoques sociales, institucionales o normativos autonómicos e internacionales.

Puede manifestarse como violencia física, psicológica, sexual, económica, digital, social, vicaria, institucional o mediante control, amenazas, aislamiento y coacción.

Es una forma de violencia basada en amenazas, humillaciones, control, intimidación, manipulación, aislamiento o daño emocional.

Es el control, privación o limitación de recursos económicos para generar dependencia, vulnerabilidad o impedir la autonomía de la víctima.

Es el uso de tecnologías, redes, dispositivos o comunicaciones digitales para controlar, acosar, amenazar, difundir información o vigilar a la víctima.

Es la violencia ejercida sobre hijos, hijas u otras personas cercanas para causar daño a la mujer.

Puede afectar a la asistencia, puntualidad, seguridad, rendimiento, movilidad, salud, estabilidad económica y continuidad laboral de la persona afectada.

Porque la protección laboral permite que la víctima pueda mantener o adaptar su empleo, proteger su seguridad y avanzar en su recuperación integral.

Pueden existir derechos de reducción o reordenación de jornada, movilidad geográfica, cambio de centro, suspensión del contrato, extinción del contrato, justificación de ausencias, protección frente al despido y medidas de conciliación o protección.

Es una medida que permite reducir el tiempo de trabajo para hacer efectiva la protección o asistencia social integral de la trabajadora víctima.

Es la adaptación de horarios, turnos u organización del tiempo para atender necesidades de protección, asistencia o recuperación.

Es el derecho a trasladarse a otro centro de trabajo cuando sea necesario para hacer efectiva la protección o asistencia social integral.

Es una medida que permite a la trabajadora prestar servicios en otro centro disponible de la empresa cuando sea necesario por razones de protección.

Es la interrupción temporal de la relación laboral por decisión de la trabajadora víctima, con los efectos laborales y de protección social previstos.

Es la finalización de la relación laboral por decisión de la trabajadora cuando su situación hace necesario abandonar el puesto.

Sí, cuando se cumplen los requisitos legales, la suspensión o extinción vinculada a violencia de género puede generar situación legal de desempleo y permitir acceder a la prestación correspondiente.

Es la situación reconocida por la normativa que permite solicitar prestación por desempleo si se cumplen los requisitos de cotización y demás condiciones.

Pueden considerarse justificadas cuando deriven de la situación física o psicológica acreditada por los servicios competentes, en los términos previstos por la normativa.

El despido vinculado al ejercicio de derechos laborales reconocidos por violencia de género puede ser considerado nulo si vulnera derechos o responde a una causa discriminatoria.

Significa que el despido no produce efectos válidos y puede implicar readmisión y abono de salarios de tramitación, según el procedimiento aplicable.

Es la forma de justificar oficialmente la situación para acceder a derechos laborales, prestaciones o ayudas.

Puede acreditarse mediante resolución judicial, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal, informe de servicios sociales, servicios especializados u otros medios reconocidos por la normativa aplicable.

Es una resolución judicial que puede establecer medidas penales, civiles o de protección para la víctima.

Es un documento emitido por servicios públicos o especializados que puede acreditar la situación de violencia de género en determinados supuestos.

Es el conjunto de medidas, organismos y recursos públicos destinados a proteger, asistir y acompañar a las víctimas de violencia de género.

Pueden existir servicios de atención, información, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, recursos de emergencia, ayudas económicas, orientación laboral y acompañamiento social.

La empresa debe aplicar los derechos reconocidos, respetar la confidencialidad, evitar represalias, facilitar medidas de protección y actuar con sensibilidad y diligencia.

Recursos humanos puede gestionar solicitudes, adaptar condiciones laborales, coordinar medidas internas, conservar documentación con confidencialidad y orientar sobre derechos.

Deben conocer pautas básicas, no cuestionar ni exponer a la persona afectada, derivar a los canales adecuados y colaborar en la aplicación de medidas.

Puede informar, acompañar, negociar mejoras, vigilar el cumplimiento de derechos y participar en medidas colectivas de apoyo.

Pueden asesorar, acompañar, negociar cláusulas de protección, promover protocolos y defender derechos laborales de las víctimas.

La negociación colectiva puede mejorar derechos, concretar procedimientos, ampliar medidas, reforzar confidencialidad, establecer permisos y facilitar protocolos de apoyo.

Puede incluir mejoras en permisos, movilidad, flexibilidad, anticipos, apoyo psicológico, acompañamiento, reserva de puesto, confidencialidad y coordinación con planes de igualdad.

Es un documento interno que establece pautas de actuación, derechos, medidas, canales de comunicación y responsabilidades ante situaciones de violencia de género.

El protocolo de violencia de género aborda medidas de apoyo y protección ante violencia sufrida por la trabajadora, incluso fuera del centro de trabajo. El protocolo de acoso sexual se centra en conductas de acoso dentro del ámbito laboral o conectado con él.

Los planes de igualdad pueden incluir medidas de prevención, sensibilización, apoyo laboral, protocolos y derechos específicos para mujeres víctimas de violencia de género.

Es un enfoque que combina medidas laborales, sociales, económicas, sanitarias, jurídicas y psicológicas para proteger y acompañar a la víctima.

Es el proceso de restablecimiento de la autonomía, seguridad, salud, estabilidad y proyecto de vida de la persona afectada.

Es el conjunto de recursos de atención, apoyo, orientación y protección ofrecidos a las víctimas.

Pueden relacionarse con prestaciones por desempleo, cotización, suspensión y extinción del contrato, ayudas económicas y protección social en determinados supuestos.

Es una prestación económica para personas que pierden el empleo o suspenden su relación laboral en situación legal de desempleo y cumplen requisitos de cotización.

Es una ayuda asistencial para personas que cumplen determinadas condiciones de carencia de rentas, cotización o responsabilidades familiares.

Es una ayuda vinculada a colectivos con especiales dificultades de inserción, que puede incluir víctimas de violencia de género si cumplen requisitos.

Es una prestación o apoyo económico previsto para situaciones de especial necesidad, condicionado a requisitos concretos.

Es la aportación económica al sistema que permite generar derechos de protección social.

Es el tiempo computado para acceder a prestaciones de Seguridad Social.

Es la referencia económica utilizada para calcular determinadas prestaciones.

Es el derecho a conservar o recuperar el puesto de trabajo en determinados supuestos de suspensión o movilidad.

Es el retorno de la trabajadora a su puesto o a otro compatible tras una medida temporal.

Es una situación prevista para determinadas empleadas públicas o supuestos regulados, que permite suspender temporalmente la prestación de servicios con derechos específicos.

Pueden existir derechos de movilidad, reducción o reordenación de jornada, excedencia, justificación de ausencias y otras medidas según normativa de empleo público.

Pueden existir medidas de apoyo, cese de actividad, bonificaciones, ayudas o protección social según normativa aplicable y requisitos concretos.

Es la protección por finalización o interrupción de la actividad de una persona trabajadora autónoma cuando cumple requisitos.

Es la obligación de tratar la información personal con reserva, evitando difusión innecesaria y protegiendo identidad, datos y circunstancias de la persona afectada.

Porque la información sobre violencia de género es especialmente sensible y su exposición puede generar riesgo, daño o revictimización.

Es el daño añadido que puede sufrir una víctima cuando la respuesta institucional, empresarial o social es inadecuada, culpabilizadora o poco protectora.

Es una forma de revictimización producida por actuaciones administrativas, laborales o judiciales que generan sufrimiento adicional.

Debe escuchar, proteger la confidencialidad, informar de derechos, aplicar medidas solicitadas cuando proceda, evitar juicios y coordinarse solo con personas estrictamente necesarias.

Debe evitar cuestionar a la víctima, difundir información, demorar injustificadamente medidas, exigir datos innecesarios, tomar represalias o adoptar decisiones discriminatorias.

Es actuar de forma rápida, cuidadosa, respetuosa y conforme a la normativa para proteger derechos y seguridad.

Es adoptar medidas adecuadas a la necesidad de protección, sin generar perjuicios innecesarios.

Es el apoyo que puede prestarse desde la empresa, representación, sindicato o asesoría para facilitar el ejercicio de derechos.

Es la orientación especializada sobre derechos, procedimientos, prestaciones y vías legales.

Es el apoyo para mantener el empleo, mejorar empleabilidad, acceder a oportunidades o reorganizar la actividad laboral.

Son medidas que facilitan el acceso o mantenimiento del empleo para víctimas de violencia de género.

Son medidas específicas para corregir desigualdades y facilitar la protección o empleabilidad de colectivos especialmente afectados.

Es el principio de ausencia de discriminación directa o indirecta.

Es la garantía de acceso real a derechos, empleo, promoción, formación y protección en condiciones equivalentes.

Es un trato desfavorable vinculado al sexo, género o circunstancias asociadas.

La violencia de género es una manifestación extrema de desigualdad y discriminación contra las mujeres.

Es un enfoque que permite analizar cómo las desigualdades entre mujeres y hombres influyen en situaciones, derechos y respuestas institucionales.

Porque ayuda a comprender el impacto de la violencia en el empleo y a diseñar medidas que protejan la seguridad, autonomía y continuidad laboral.

Es el enfoque que analiza cómo distintas circunstancias, como discapacidad, origen, edad, situación económica o responsabilidades familiares, pueden agravar la vulnerabilidad.

Es una situación en la que una persona tiene mayor riesgo de pérdida de empleo, discriminación, precariedad o dificultad para ejercer derechos.

Es la capacidad de una persona para disponer de recursos propios y tomar decisiones sobre su vida.

Porque el empleo puede aportar independencia económica, red social, estabilidad y herramientas para la recuperación.

Es la continuidad y seguridad en el empleo o actividad profesional.

Es la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir necesidades y tomar decisiones con autonomía.

Es la garantía de no sufrir perjuicios por ejercer derechos, solicitar medidas o comunicar una situación.

Es una actuación negativa de la empresa o del entorno laboral como consecuencia del ejercicio de derechos.

Es un despido motivado por una causa prohibida, como sexo, género, situación de violencia de género o ejercicio de derechos vinculados.

Es una falta de asistencia o puntualidad respaldada por una causa reconocida y acreditada.

Es el ajuste de horarios o distribución del tiempo de trabajo para responder a necesidades específicas.

Es la posibilidad de adaptar horas de entrada, salida o distribución del tiempo de trabajo.

Es la modificación del turno de trabajo para mejorar seguridad o compatibilidad con medidas de protección.

Puede ser una medida organizativa temporal o pactada cuando resulta adecuada para proteger a la persona afectada, siempre valorando seguridad y circunstancias.

Es el cambio de centro o ubicación de trabajo.

Es el cambio de funciones dentro de límites legales y organizativos.

Es el traslado por razones de protección vinculadas a violencia de género, cuando se cumplen requisitos.

Es la interrupción temporal del contrato manteniendo el derecho a reincorporación en los términos previstos.

Es la finalización del contrato por decisión de la trabajadora cuando la situación de violencia de género lo hace necesario y se cumplen requisitos.

Es un documento necesario para tramitar prestaciones por desempleo.

Es el Servicio Público de Empleo Estatal, organismo que gestiona prestaciones por desempleo y políticas vinculadas al empleo.

Es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, entidad gestora de prestaciones de Seguridad Social.

Es el organismo encargado de afiliación, cotización y recaudación del sistema.

Es una ayuda condicionada a requisitos económicos o personales.

Es una prestación vinculada a cotizaciones previas.

Es una reducción o incentivo en cotizaciones o costes laborales establecida por normativa.

Es una contratación con incentivos cuando se cumplen determinados requisitos.

Son medidas dirigidas a facilitar contratación, inserción, mantenimiento del empleo o emprendimiento de víctimas.

Pueden acreditar, acompañar, orientar y coordinar recursos de protección y asistencia.

Prestan atención integral, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, acompañamiento social o recursos de emergencia.

Pueden regular recursos, ayudas, acreditaciones, servicios de atención y medidas complementarias.

Establece normativa básica, políticas públicas, recursos estatales y coordinación institucional.

Es el órgano estatal especializado en políticas públicas de prevención, coordinación, sensibilización y protección frente a la violencia de género.

Es un servicio estatal de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres.

No. El curso ofrece formación general. Para casos concretos conviene acudir a servicios especializados, asesoría jurídica, sindicato, representación laboral o administración competente.

En una situación de peligro debe contactar con servicios de emergencia o recursos oficiales de atención disponibles en su territorio.

Sí. Ayuda a comprender derechos, medidas laborales, confidencialidad, protección de datos, actuación responsable y coordinación interna.

Sí. Refuerza conocimientos para informar, acompañar, negociar medidas y vigilar el cumplimiento de derechos.

Sí. Puede ser útil para profesionales que gestionan contratos, prestaciones, suspensión, extinción, desempleo, permisos y documentación laboral.

Sí. Aporta una base sobre derechos laborales y de Seguridad Social, útil para orientación y acompañamiento sociolaboral.

Sí. Las pymes también deben conocer derechos, aplicar medidas, proteger la confidencialidad y evitar decisiones discriminatorias.

No. CTRI0021 es una especialidad formativa de 12 horas centrada en derechos laborales y de Seguridad Social en materia de violencia de género. Acredita formación específica, pero no equivale por sí sola a un certificado profesional completo.

La evaluación suele tener carácter teórico-práctico y puede incluir cuestionarios, actividades o casos relacionados con normativa, derechos laborales, prestaciones, negociación colectiva y medidas de protección.

El curso desarrolla competencias en igualdad, derechos laborales, Seguridad Social, violencia de género, protección institucional, confidencialidad, negociación colectiva, gestión laboral y actuación responsable.